El tema tiene una gran relevancia ya que los no consumidores: empresas, pymes y autónomos conforman la mayor parte del PIB, además los préstamos suelen ser de importes más elevados, por lo que la cuantía a recuperar también se ve incrementada.

La principal cuestión y el gran problema a tratar es que no nos encontramos ante un consumidor, de manera que toda la normativa sobre protección de los consumidores española y europea que venían utilizando los Tribunales (famosa Sentencia del Tribunal Supremo de 09 de Mayo de 2013 y Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 21 de Diciembre de 2016) no es de aplicación cuando nos referimos a estos sectores.

En las últimas fechas se han comenzado a dictar Sentencias acogiendo las pretensiones de pequeños autónomos y Pymes afectados por cláusula suelo, aplicando la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC) que, a pesar de que también se refiere a la transparencia en los contratos, es un texto legal mucho menos proteccionista que la normativa sobre consumidores.

Es innegable que existen multitud de empresas y autónomos que, al igual que los consumidores, no conocían, no negociaron y no fueron informados de las cláusulas suelo y sus repercusiones. Y a ellos también les ampara la LCGC y el Código Civil (art 1258).

Los argumentos más importantes que vienen utilizando los jueces para declarar la nulidad de la cláusula suelo de empresarios son principalmente:

Que la cláusula suelo no se ha negociado individualmente.

Que la misma haya sido predispuesta por la entidad demandada.

Que exista una situación de supremacía predominante por la entidad en relación con la demandante.

Que exista una falta de reciprocidad.

Que no supere los controles de inclusión y transparencia.

El mayor problema con el que nos encontramos es que todos éstos argumentos tiene que demostrarlos el empresario, es decir, cuando se trata de un consumidor es el banco quién debe probar que explicó al consumidor la existencia de la cláusula, su trascendencia y su repercusión en el precio del préstamo; pero cuando estamos hablando de empresarios, le corresponde a éste probar que la entidad bancaria no le facilitó la información suficiente para entender la transcendencia de la cláusula suelo. Es importante también probar la mala fe de la entidad y el desequilibrio a favor de la entidad.

Así pues, es un error pensar que el empresario no puede reclamar la nulidad de la cláusula suelo, existen fundamentos jurídicos sólidos para poder defender esa nulidad, el hecho de que no sea consumidor no significa que la entidad bancaria no tenga que cumplir con los controles legales y que no tenga que obrar de buena fe. Sin embargo, para poder tener éxito hay que estudiar caso por caso y comprobar si existe prueba suficiente de que la entidad bancaria abusó de su posición dominante y no cumplió con los controles de inclusión y transparencia al que le obligan las leyes.

Entre las sentencias que se han dictado a favor de empresarios son dignas de mención, por ser las más recurrentes la SAP de Córdoba de 18 de junio de 2013, SAP de Huelva de 21 de marzo de 2014 o la SAP de Logroño de 15 de julio de 2016 o SAP de Toledo de 18 de Octubre de 2016. Todas ellas se pueden encontrar en internet.

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