La Audiencia Provincial de Cantabria ha reconocido a una mujer el derecho a recibir una indemnización de 23.628 euros de manos de su ex marido por el trabajo doméstico que desempeñó durante el periodo de convivencia.

El tribunal de apelación confirma de este modo la sentencia dictada el pasado año por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Castro Urdiales, que estimó la demanda de la ex esposa. El ex marido recurrió esta decisión y, ahora, la Audiencia Provincial ha desestimado su pretensión.

La pareja, que se había casado en régimen de separación de bienes, se separó legalmente pero, en enero de 2007, reanudó la convivencia, que duró hasta que, en mayo de 2013, se dictó sentencia de divorcio.

Explica la Audiencia que durante ese segundo periodo de convivencia la mujer abandonó su trabajo para dedicarse en exclusiva a las labores del hogar, “haciendo posible que el marido prescindiera del servicio doméstico remunerado que hubo de contratar cuando estaban separados”.

Entiende el tribunal que el hombre ha resultado “beneficiado” por esta situación, “ya que el cónyuge que se ha dedicado a trabajar fuera del hogar familiar ha podido, con sus ingresos, aumentar su patrimonio personal, mientras que el otro ha dedicado su tiempo y esfuerzo a la atención de la familia, no viendo beneficiada su posición económica al final del régimen de separación de bienes”.

Por ello, la indemnización ahora fijada “viene a compensar el tiempo efectivamente dedicado al trabajo en el hogar”. Como recuerda la Audiencia, el fundamento de esta indemnización, que es compatible con una pensión compensatoria, “es la previa contribución en especie -el trabajo doméstico- por parte de uno de los cónyuges al levantamiento de las cargas familiares”.

Sostiene la Audiencia que, en los supuestos de reconciliación de los cónyuges separados judicialmente, subsiste la separación de bienes y añade que este régimen “no exime a ninguno de los cónyuges del deber de contribuir al levantamiento de las cargas familiares”.

“Puede contribuirse con el trabajo doméstico, no siendo necesario, por tanto, que ambos cónyuges aporten dinero u otros bienes para sufragar las cargas del matrimonio. El trabajo para la casa es considerado como una forma de aportación a los gastos comunes”, continúa la sentencia.

Añade el tribunal que el trabajo de la casa “no sólo es una forma de contribución, sino que constituye también un título para obtener una compensación en el momento de la finalización del régimen”.

Por tanto, entiende la Audiencia que la ex mujer tiene derecho a percibir una indemnización, cuya cuantía, fijada por el juzgado de instancia, califica de “correcta”. Para su liquidación se ha tenido en cuenta el salario mínimo interprofesional reducido en un 50% –dado que “el trabajo prestado también redundó en la satisfacción de las necesidades propias de la actora”–, así como el periodo de convivencia -desde que se dejó sin efecto la separación hasta que se dictó la sentencia de divorcio.

Contra esta sentencia cabe recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo y por infracción procesal ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Sentencia de 2011TS, Sentencia T.S. 534/2011, (Sala 1) de 14 de julio, (ILJ 989/2011)

El Tribunal Supremo ha fijado una doctrina por la cual establece el derecho de uno de los cónyuges a obtener una compensación tras el divorcio por haber contribuido a las cargas del matrimonio mediante el trabajo doméstico y para lo que requiere que la pareja hubiera pactado el régimen de separación de bienes. El Supremo establece que el ex-marido de una mujer divorciada debe compensarla con una cantidad de 108.000 euros en concepto de indemnización, por haber realizado las tareas del hogar durante los 15 años del matrimonio. La sentencia fija doctrina para estos casos, y ha sido recibida con júbilo entre las asociaciones que agrupan a las amas de casa.

En 2007, la mujer presentó la demanda de divorcio y solicitó una pensión alimenticia de 2.100 euros a favor de la hija, otra compensatoria de 1.500 euros mensuales y una indemnización de 167.400 euros, con virtud al artículo 1438 del Código Civil que señala que “el trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación”.

El juzgado calculó esta cuantía “multiplicando 600 euros, que costaría una empleada del hogar al mes, por doce meses y multiplicado por los 15 años de duración del matrimonio.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza decretó el pasado mes de mayo que un barcelonés debía pagar 45.986 euros a su exesposa zaragozana, pese a haber acordado la separación de bienes, como compensación tras un proceso de divorcio por haberse dedicado ésta al cuidado de los hijos y del hogar en un domicilio de la capital aragonesa. El Tribunal Supremo no admitió a principios de este mes el recurso del condenado, que mantuvo su puesto de trabajo en una empresa privada en Cataluña mientras su expareja se trasladó a Zaragoza para atender con mayor facilidad las necesidades de la familia. Esto sucedió antes de iniciar los trámites de separación.

La mujer, defendida por la letrada Eva Vera Andrés, no abandonó en ningún momento su carrera profesional pero tuvo que hacer frente al coste de mantener a los dos descendientes del matrimonio. El exmarido, por su parte, experimentó una promoción profesional durante el matrimonio y logró incrementar sus ahorros mientras la zaragozana “no tuvo oportunidad de ahorrar”, según apunta su abogada.

La clave de la sentencia radica en que el matrimonio se contrajo en Cataluña, de donde él es natural, misma ciudad en la que se estableció la primera vivienda común. Este fue el motivo de tener en cuenta la vecindad civil catalana en lugar de la aragonesa y de que la zaragozana perciba finalmente la compensación económica de casi 46.000 euros.

“Si se hubiera pactado una separación de bienes en Aragón, no existiría en ese caso compensación económica, pero la legislación catalana sí lo contempla”, indica la letrada, quien explica que “el caso también cambiaría si el excónyuge fuera madrileño, por ejemplo, en lugar de catalán”.

La sentencia concluye que la zaragozana “redujo su capacidad para obtener ingresos” y le hizo “perder expectativas de promoción profesional”. Por ello, 19.140 euros de la compensación corresponden de forma directa al “trabajo para la casa” y el resto a la cuarta parte de la diferencia de los patrimonios personales de cada uno en el momento de iniciarse el proceso del divorcio.

La Audiencia Provincial rechazó, asimismo, la petición de la demandante de recibir una pensión compensatoria con carácter vitalicio de 800 euros al mes.

Por contra, el demandado sí tendrá que abonar 850 euros mensuales en concepto de pensión alimenticia en favor de los dos hijos hasta que sean económicamente independientes, una cifra que se verá incrementada en 350 euros al mes por cada uno de ellos si completa su formación fuera de Zaragoza.