Los tribunales están confirmando las denegaciones de autorización de residencia por arraigo social en casos en los que el extranjero lleva el tiempo mínimo exigido de permanencia continuada durante 3 años en España pero parte de ellos los ha pasado en prisión preventiva.

La Administración argumenta que no computa como tiempo válido el tiempo en prisión preventiva, a la hora de hablar de estancia continuada generadora de una situación de arraigo, pues dicha situación no implica integración en la sociedad española, encontrándose por el contrario más próxima a lo que el Tribunal Supremo ha denominado comportamiento reprobable.

Por tanto, el hecho de que se cierre la vía del arraigo social para conseguir un permiso de residencia por este motivo solo implica que habrá que buscar otra vía o esperar a cumplir el requisito de los tres años de permanencia ininterrumpida sin contar el tiempo en prisión.